Trabajo del Grupo de Investigación en Globalización, Educación y Políticas Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, publicado por Save the Children
La educación juega un rol fundamental en la explicación de las desigualdades sociales, ya sea a través de su reproducción, aumento o disminución. De hecho, es a través de la educación que se explica en gran medida la posición social que ocupan los individuos en la estructura social y, si bien ésta responde a otros factores, no hay duda de que la educación juega un rol central en la generación de oportunidades vitales.
Es más, para el caso de España, y tal como señalan Martínez-Celorrio y Marín (2012), la educación ha funcionado durante los últimos cuarenta años como el principal ascensor social para explicar la movilidad social ascendente de amplios sectores de la población y convertir a la sociedad española en una ‘sociedad de clases medias’. La crisis, junto con las políticas de austeridad presupuestaria que se han aplicado para combatirla, ha supuesto un freno sin precedentes a este proceso, generando un aumento de las desigualdades sociales y condenando a numerosos individuos y colectivos a los riesgos de pobreza y exclusión social.
El sistema educativo español, de hecho, adolece de una serie de debilidades que impiden a niños, niñas y jóvenes disfrutar, plenamente y en igualdad de condiciones, del derecho a la educación; viendo limitadas sus posibilidades de desarrollo personal y condicionando sus oportunidades de inclusión sociolaboral futuras. Las altas tasas de fracaso y abandono escolar, la exclusión social y educativa, limitan el poder de la educación como principal herramienta de promoción de la movilidad social y de lucha contra la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad. Las políticas implementadas hasta la fecha no parecen haber alterado de forma sustancial el porcentaje de estudiantes a los que el sistema ‘deja atrás’. Es más, la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), parece ir precisamente en la dirección contraria, consolidando un sistema injusto y segregador que genera oportunidades educativas diferentes y desiguales para distintos tipos de estudiantes. Así, en nombre de la excelencia, el mérito y el interés individual se establece un sistema altamente academicista y con múltiples %u2013y a veces sutiles- mecanismos de segregación interna del alumnado que perjudican especialmente a los grupos sociales más desaventajados (Tarabini y Montes, 2015).En este contexto, el objetivo del informe es identificar los principios básicos que debería cumplir el sistema educativo español para garantizar el derecho efectivo a una educación justa y de calidad que abra vías de éxito educativo para todos los estudiantes.
